“La inacción frente a los riesgos conocidos es una decisión, y las consecuencias no son una casualidad.”
Por Leonardo Keen
A menudo abordamos las catástrofes con una narrativa dominada por la resignación. Nos hemos acostumbrado a ver estos trágicos eventos como "impredecibles" o "actos de fuerza mayor" ante los cuales no hay más alternativa que reaccionar y asumir las pérdidas.
La magnitud de estos acontecimientos suele paralizar la autocrítica. Aún después de presenciar desastres devastadores en las noticias, los libros de historia o el cine, nos resulta sumamente incómodo imaginar nuestra propia ciudad arrasada, un país entero paralizado y el esfuerzo de varias generaciones reducido a escombros en cuestión de minutos.
Ante eventos de tal envergadura, se nos hace difícil cuestionar en detalle qué hemos hecho mal o qué pudimos haber hecho mejor. Preferimos dejar que la especulación hable por nosotros, aferrándonos a un deseo colectivo de esperanza sustentado únicamente en un sentimiento de resiliencia posterior.
Lo cierto es que, frente a riesgos tan latentes, pocas veces presenciamos acciones concretas, contundentes y sostenibles por parte de las instituciones públicas o los marcos legales. Salvo por las excepcionales y heroicas demostraciones de vocación del personal de respuesta ante emergencias, la prevención —en todas sus dimensiones— brilla por su ausencia. En pocas palabras: ignoramos que existen soluciones prácticas, reales y alcanzables que garantizan una verdadera reducción del riesgo de desastres.
Es precisamente para sacudir esa inercia que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) promueve cada 13 de octubre el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres. Esta conmemoración hace un llamado directo a nuestra conciencia ciudadana bajo una premisa contundente: no podemos evitar que ocurran fenómenos naturales extremos, pero sí está en nuestras manos evitar que se conviertan en desastres humanos y económicos.
Ante esta afirmación surge una pregunta inevitable: ¿cómo logramos evitar esa devastación? La respuesta es más clara de lo que pensamos. La diferencia entre una amenaza natural —como un huracán o un terremoto — y una catástrofe humanitaria radica en tres pilares: la preparación, la infraestructura y la resiliencia comunitaria. Los desastres no son totalmente "naturales"; son, en gran medida, la consecuencia directa de la vulnerabilidad social, la planificación urbana deficiente, la degradación ambiental y la carencia de sistemas de alerta temprana.
La palabra clave es preparación. A través de ella podemos construir una conciencia ciudadana real, promulgar y exigir leyes que regulen la seguridad en las edificaciones y destinar fondos adecuados para la gestión del riesgo. Una preparación adecuada garantiza un abordaje integral: antes, durante y después del fenómeno.
Históricamente, los recursos se han destinado a la respuesta post-tragedia y no a la prevención. Aunque la ayuda inmediata moviliza voluntades, este enfoque puramente reactivo es financieramente insostenible y éticamente inaceptable. Frente a un cambio climático que vuelve habituales las sequías, olas de calor e inundaciones, seguir ignorando la preparación equivale a construir sobre arena.
Un compromiso ético, político y social
Fomentar una verdadera cultura de la prevención abarca mucho más que realizar un simulacro de evacuación al año. Exige transformaciones estructurales profundas:
- Ordenamiento territorial y normativo estricto: Desarrollar y velar por el cumplimiento riguroso de los códigos de construcción. Se debe prohibir la edificación en zonas de alto riesgo y frenar la urbanización descontrolada, garantizando que escuelas, hospitales y viviendas permanezcan en pie cuando el terreno tiemble o las aguas suban.
- Inversiones estratégicas y presupuesto dedicado: Asignar recursos públicos y privados para estudios hidrográficos y de suelo, capacitación continua del personal de socorro y herramientas tecnológicas de prevención. Todo esto desde un presupuesto integrado que asegure la infraestructura mínima para resistir eventos de gran magnitud.
- Inclusión, equidad y tejido comunitario: Reconocer que la pobreza y la desinformación amplifican el impacto de cualquier amenaza. Articular alianzas continuas entre el sector público, el sector privado, juntas de vecinos, iglesias, escuelas y universidades con los organismos de emergencia marca la diferencia entre la vida y la muerte.
- Sistemas de alerta temprana universales: Garantizar que el Estado y cada comunidad, sin importar su ubicación geográfica o nivel socioeconómico, cuenten con sistemas de detección y avisos oportunos para actuar a tiempo.
Un llamado a la acción colectiva
La reducción del riesgo de desastres no puede recaer de manera exclusiva en los organismos internacionales o en los gobiernos centrales; requiere la articulación activa del sector público, el sector privado y la sociedad civil. Las empresas y las instituciones gubernamentales deben integrar la evaluación de riesgos en sus modelos de inversión, mientras que la ciudadanía debe organizarse desde sus bases. Es vital capacitar y empoderar a los grupos comunitarios —juntas de vecinos, iglesias, escuelas, universidades y colectivos sociales— para que gestionen de forma activa sus propias estrategias de reducción de vulnerabilidades.
El Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres no debe ser una fecha más en el calendario institucional ni únicamente una responsabilidad de los políticos. Debe ser un punto de inflexión y un recordatorio incómodo pero necesario: la inacción frente a los riesgos conocidos no es una casualidad ni un destino inevitable, es una decisión.
Apostar por la preparación y la mitigación es el camino más inteligente, ético y económico para proteger lo más valioso que tenemos: las vidas humanas y el futuro de nuestras comunidades. Como bien señaló el filósofo Séneca:
«La suerte es lo que ocurre cuando la preparación se encuentra con la oportunidad.»
Leonardo Keen
Prevencionista de riesgos
